Comunicado a Rangel Silva quien vincula a indígenas con mafias del oro
Esteban Mosonyi
21 de marzo de 2012
A sabiendas de lo delicado del tema, su vinculación con la soberanía nacional y los múltiples intereses que entran en juego, trataré de esbozar un análisis inicial de los hechos y algunas de sus interpretaciones de la manera más ecuánime, tratándose en mi caso de un investigador aliado de la causa indígena hace muchos años. En el texto periodístico presentado se cruzan varias coordenadas, entre las cuales hay unas que conducen más allá del escenario al que se refiere el Ministro Rangel Silva, pero trataremos de concentrarnos en los aspectos más urgentes y pertinentes. Como primera idea, cualquier persona con un mínimo de ética tiene que rechazar de plano la minería ilegal, sean quienes fueren sus ejecutores, indígenas, criollos, extranjeros o marcianos. Pero no comparto el énfasis exclusivo del Ministro en la palabra ilegal, dando por sobreentendido que laminería legal es algo bueno y perfecto, dado que sería llevada a cabo por el Estado soberano. Mutatis mutandis esto vale también para el coltán. Hasta donde tenemos información, la minería legal con sus inmensas inversiones, maquinaria sofisticada, territorios afectados y otras características, amenaza con ser mucho más dañina para el ambiente que la propia minería ilegal, pese a toda su agresividad que nadie osaría negar. Pero lamentablemente, los llamados tres arcos geopolítico-mineros constituyen una política de Estado, avalada incontables veces por el alto Ejecutivo y además conectada con iniciativas muy similares de otros países amigos y otros no tanto.
Igualmente hay que despejar el hecho bien conocido de que las demarcaciones de tierras indígenas –especialmente las del estado Bolívar– han sido paralizadas hace varios años, a pesar de existir suficientes autodemarcaciones y otros antecedentes para perfeccionar en poco tiempo una solución definitiva, o poco menos, para este álgido problema: tal como se logró incluso en Brasil, poderoso Estado en principio nada pro-indígena. Concretando nuestros señalamientos en relación con los pemón –principales imputados por el Ministro– este sufrido pueblo se quedó en el limbo de sus tierras ancestrales que todavía no son reconocidas por el Estado venezolano, sino que más bien constituyen zona de expansión para mineros de toda laya y otros intereses no solo transnacionales sino también geopolíticos nuestros, es decir ligados a la soberanía nacional. Pero hay algo más grave, por ejemplo cuando observamos que hasta hace muy poco el Gobierno Bolivariano no solo reconocía la vigencia y validez de la pequeña minería sino que instauró la llamada Misión Piar, con la idea de apoyar y financiar a un número relativamente elevado de mineros, entre quienes se halla una cantidad apreciable de indígenas pemón.
Es también de dominio público que hay un sector de la Fuerza Armada, acantonado en Bolívar, implicado en la minería ilegal y cuya presencia fue detectada precisamente por unos indígenas pemón, a raíz de lo cual ocurrieron una serie de hechos que para nada son mencionados por el Ministro; además tenemos entendido que esos militares no fueron sancionados. Nadie duda que pululan entre nosotros las mafias mineras, pero identificar automáticamente a los pequeños mineros artesanales –sean éstos indígenas o no– con delincuentes profesionales de alta capacidad financiera, técnica y gerencial constituye como mínimo una gran precipitación y abuso de lenguaje. Unas pocas comunidades de esa etnia, más algunos de sus integrantes individuales, a consecuencia de la conocida mala aculturación y la total permisividad que hasta hace muy poco tiempo prevalecía en el país –el Decreto de estatización del oro es recientísimo– fueron atraídos hacia esta actividad. No obstante, de allí no se desprende su carácter mafioso ni un alto grado de involucramiento en el negocio transnacional, junto al tráfico con el oro y otros bienes no renovables que posee nuestra Guayana: ocurre casi exactamente como cuando confundimos a las mulas de las drogas con los grandes negociantes del narcotráfico.
Tal vez lo que más nos llama la atención y nos pone en situación de alerta, es la forma excluyente y enfática en que el Ministro focaliza el rol del indígena en la minería ilegal, descalificando severamente a sus dirigentes, en términos casi genéricos y hasta cuestionando su legitimidad. Si hacemos uso de nuestra memoria sobre la historia reciente de los pueblos originarios, y observamos lo que sucede en la actualidad en países como Ecuador, Perú y Chile, así suele ser el inicio de la criminalización generalizada de las poblaciones indígenas como un todo, muchísimo más allá de sus componentes étnicos o individuales. Como prueba tenemos el título del reportaje que no habla de unos indígenas sino de los indígenas, en los términos más abarcantes. La referencia del Ministro a una manipulación mediática hay que verla con cuidado, porque los emisores y comunicadores progresistas y revolucionarios hacen señalamientos aun más fuertes que Globovisión y compañía, ante el deterioro inocultable de una política indígena que hace tiempo dejó de ser progresista en el sentido más noble del término.
En cuanto al plan Caura, no dudo de sus buenas intenciones, mas éste tampoco ha sido suficientemente consultado y de las propias palabras del Ministro se desprenden sus carencias, al referirse solo a la minería ilegal. Ahora bien, cuando él habla de diálogo con los pemón y los indígenas en general, ésta sería una magnífica iniciativa, pues por el momento tenemos ciertas referencias sobre maltratos a las comunidades originarias y sus dirigentes, en medio del aura de un autoritarismo unilateral. ¿Pero de qué clase de diálogo se trataría?. Ni a los pemón ni a otros pequeños mineros es posible ordenar simplemente que abandonen la minería, sin ofrecerles alternativas, ya no para sobrevivir sino para vivir con dignidad, satisfaciendo por lo menos sus necesidades fundamentales. En este punto es preciso recordar que hasta el sol de hoy ni siquiera se les han demarcado sus tierras, y por los vientos que soplan falta mucho para que se cumpla dicho compromiso de Estado. Es lamentable ya que allí está el meollo de la cuestión. Además los indígenas tienen que saber, de una vez por todas, hasta dónde se extienden sus tierras, ¿o será que en el futuro no les corresponderá ningún espacio propio donde practicar, fortalecer y transmitir su cultura?. Aclaramos que esta aspiración es congruente con el concepto constitucional de Soberanía Nacional, puesto que ningún venezolano patriota y de principios aceptaría la conformación de una territorialidad indígena separada del contexto nacional, además de que los pueblos autóctonos jamás han aspirado a crear Estados dentro del Estado. Tales serían algunas de mis ideas referentes a las declaraciones del Ministro, quien merece el mayor respeto; sin embargo él también debería escuchar con más atención a los indígenas y a quienes hemos compartido su causa y vicisitudes por tantos años. Cordialmente, para todas y todos Esteban Emilio Mosonyi.
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